Apple sugiera que permitir de forma legal a los usuarios realizar el Jailbreaking en el iPhone podría desembocar en situaciones potencialmente catastróficas, como ataques a la red.
Apple ha enviado recientemente un informe la Oficina de Copyright norteamericana contestando una solicitud de la EFF (Electronic Frontier Foundation) para que se acepte la legalidad del jailbreaking de los iPhones.
El jailbreaking es una práctica realizada a lo largo de todo el mundo, pero en Estados Unidos entra potencialmente en conflicto con el Acta DMCA, que prohibe circunvalar los métodos de protección impuestos por una empresa para proteger sus secretos tecnológicos.
Apple ha obtenido grandes beneficios con el iPhone como ecosistema cerrado, lo que obliga al usuario a usar sólo la App Store, además de cerrar tratos exclusivos con proveedores de telefonía de todo el mundo, lo que deja fuera a otras empresas de telecomunicaciones que podrían comercializar los productos de Apple.
Apple está preocupada por las implicaciones de seguridad que se derivan del proceso de jailbreak del teléfono, que podría llegar, incluso, a que un ataque dirigido desactivase las torres de antenas de telefonía. Un hacker con intención de hacerlo podría modificar el chip baseband del iPhone e intentar “tirar” una torre usando una técnica de ataque de denegación de servicio, según la documentación presentada en la Oficina de Copyright norteamericana.
El abogado de la EFF Fred Von Lohmann ha respondido a la documentación presentada por Apple indicando que las situaciones que predice Apple son altamente hipotéticas porque “nada de eso ha ocurrido antes” e indica que hay 1 millón de teléfonos “liberados” en el mundo, además de que, según esa definición, la plataforma Open Source Android también podría ser inherentemente insegura.
El ataque a torres, según el abogado, se trata de un intento de provocar FUD (Fear, Uncertainty, Doubts – Miedo, incertidumbre, dudas) más que una descripción de una posibilidad real.
Apple ha insistido que el jailbreak podría explotarse por traficantes de drogas, que podrían hackear el chip de identificación numérico para hacer llamadas anónimas.